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CUARTA ENTREGA | La revolución promovió corrupción como plato fuerte en sector eléctrico venezolano
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CUARTA ENTREGA | La revolución promovió corrupción como plato fuerte en sector eléctrico venezolano

En relación al SEN y quienes lo han administrado existe un cuerpo robusto de casos por lavado de dinero, provenientes de la corrupción en el sector eléctrico venezolano.

En dichos caso, que en la actualidad forman parte de una gran red corrupta originada por la revolución bolivariana, se incluyen funcionarios públicos con altos cargos tanto en el Ministerio como en las empresas operadoras.

Los niveles de corrupción que se han permitido y facilitado durante las últimas dos décadas de gobierno bolivariano han sido enormes y el sector eléctrico es ejemplo claro de ello. Baste para significarla que el SEN ha recibido transferencias cercanas al doble del monto invertido hasta 1998 y, a pesar de ello, colapsó y la cobertura y calidad del servicio es sumamente precaria. Solamente un acto de corrupción masiva puede explicar tal paradoja.

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Del total de aportes dirigidos al SEN se han logrado documentar los destinados a financiar entre 42 y 46 proyectos de generación por un total de entre US$ 39,5 y US$ 48,7 mil millones, y 29 proyectos de transmisión por US$ 3,1 mil millones de acuerdo con el informe por la Comisión de la Asamblea Nacional en 2017. La capacidad total de generación que se contrató durante el periodo fue de 14 mil 203 MW, de los cuales  11 mil 279 MW correspondieron a plantas termoeléctricas. Del resto, 2 mil 699 MW serían de origen hídrico y 225 MW de nuevas energías, en particular, el eólica.

Si bien existen diferencias entre la diversas fuentes de información consultadas, todas ellas coinciden en mostrar las irregularidades que han caracterizado estas inversiones y el hecho de que, durante el periodo, se invirtió, sin la debida justificación, casi tres veces los previsto en el PDSEN, con resultados catastróficos para el sector. El análisis de los proyectos que estuvieron en ejecución entre 2005 y 2016, permite concluir que la corrupción ha sido endémica y un constante en todos los proyectos impulsados.

  • Solamente cuatro de los 42 proyectos fueron licitados, los 38 restantes fueron adjudicados de manera directa sin ningún tipo de competencia o consulta de precios.
  • Dieciséis de los 42 proyectos contratados no fueron concluidos y se encuentran aún bajo ejecución o con ejecución parcial.
  • Todos los proyectos contratados mostraron diferencias considerables, tanto en relación con los costos indicados en el PDSEN (AN, 2017), como con los costos de referencia estimados en el  mercado (Aguilar, 2018). En promedio, se estima que el Estado Venezolano gastó 180% más de lo estimado en el PDSEN y que los sobreprecios fueron, en promedio, más de 190% de los costos preferenciales.
  • Los acuerdos der cooperación entre países, como fue el acuerdo Venezuela-Cuba, el de cooperación con argentina, el Fondo Chino y el de cooperación con España, facilitaron la opacidad de las transacciones realizadas y las asignaciones directas de proyectos a empresas de los respectivos países.

La falta de planificación y de estudios de preinversión y diseño de los proyectos emprendidos ocasionó que muchas de la obras estén, en la práctica, inservibles, o no operativas. En algunos casos no se identificó adecuadamente el emplazamiento geográfico de la unidades de generación, en otros no se disponía del combustible necesario para realizar las pruebas y puesta a punto de los equipos y, en general, no se previeron las plataformas de mantenimiento necesarias. Adicionalmente, en muchos casos, los equipos suministrados eran de una calidad inferior a la concentrada e incluso, se trató de maquinarias de segunda o de tercera manos cuando en términos de referencia de las contracciones se exigían – y se pagaron- como nuevas. Un estudio realizado por Corpoelec, poco antes del colapso, muestra que todas las centrales de generación térmica tenían el mantenimiento pendiente y que solo 25% de la capacidad instalada se encontraba disponible.

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La corrupción en la contratación y ejecución de los proyectos analizados ha estado en el centro de múltiples demandas legales que cursan  principalmente en España y Estados Unidos. Al respecto existe un cuerpo robusto de casos legales por lavado de dinero proveniente de la corrupción en el sector eléctrico venezolano. Dentro de tales casos se incluyen funcionarios públicos con altos cargos tanto en el ministerio como en las empresas operadoras. Igualmente, se ha presentado querellas a empresas nacionales e internacionales que contrataron con el Estado venezolano bajo acusaciones de  prácticas corruptas. El evento celebrado en la OEA (marzo de 2019) cubrió un parte importante de los casos que sean identificado durante las últimas décadas, muchos de ellos asociados al SEN. Ninguno de estos casos o acusaciones ha recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades de la materia en Venezuela.

En un recuadro que incluimos ene el texto, presentamos cuatro ejemplos de la irregularidades identificadas en algunos proyectos insignia del programa de inversiones adelantado entre los años 2010 y 2016. Para mayor detalle al respecto conviene revisar tanto el informe Final de Asamblea Nacional como el realizado por Transparencia Venezuela en 2018, los cuales sirvieron de fuente de referencia.

Tacoma

La central hidroeléctrica Tacoma, Planificada por Edelca, es la última en el desarrollo del rio Caroní. A la llegada de Hugo Chávez al poder (1999) estaba por culminar el desarrollo de Caruachi y se había adelantado estudios y gestiones para la central de Tacoma, fundamentalmente similar a Caruachi. Los trabajos se iniciaron en 2005 para la instalación de 2 mil 160 MW con diez unidades generadoras y costo inicial de US$ 3 mil 061 millones. El fin de la ejecución y la entrada en operación de Tacoma estuvo previsto para 2011. Sin embargo, hasta los actuales momentos, se ha investido un monto cercano a  los US$ 11 millones sin que haya logrado poner en operación la generación. Una parte importante de los aumentos en el costo de las obras se originó en el artificio cambiario aplicado por el contratante Corpoelec, según el cual los gastos en bolívares fueron calculados en dólares a la tasa de cambio oficial la cual, para el momento, era muy inferior a la del mercado en el cual se ejecutaban los pagos. Actualmente, la obra se encuentra paralizada y su culminación es incierta.

Revolución energética

A la denominada revolución energética fue una iniciativa financiada por Pdvsa con la Unión Eléctrica de Cuba, a través del Convenio Venezuela-cuba suscrito en 2000. Dicha Misión inicio en 2006 y, básicamente, compendia tres componentes: La instalación de los llamados “bombillos ahorradores”, la instalación de 1.008 MW de generación distribuida en un programa de formación y asesoría técnicas en la materia. En total, la Misión instaló 180 millones de “bombillos ahorradores”, distribuidos gratuitamente en los mercados residenciales y comerciales sin ninguna provisión para su reemplazo estable, e instaló 1.007 MW en generación distribuida cuya disponibilidad al 2016 no superaba el 23%. Hasta el año 2009 la inversión en estos programas alcanzaba un total de US$ 1. 348 millones, pero entre 2010 y 2014 se erogaron US$ 4 mil 975 millones adicionales sin que se haya rendido cuenta sobre el destino de dicha inversión.

El blindaje eléctrico de Caracas y Maracaibo

Como consecuencia e los “apagones” que presentó el SEN, el gobierno anunció el “blindaje” eléctrico de la ciudad de Caracas a través de la instalación de un anillo formado por un conjunto de plantas termoeléctricas con una capacidades 1.097 MW y el reforzamiento del servicio a la ciudad e Maracaibo  mediante la expansión de 1.130 MW en la planta Termo Zulia. En total la inversión a realizar sería, en el caso de Caracas, US$ 4 mil 234 millones y, en el del Zulia, US$ 2 mil 238 millones. Solo uno de los nueve proyectos incluidos en el plan de blindaje de Caracas y Maracaibo fue licitado, todos los demás fueron asignados de manera directa. Los sobreprecio estimados son superiores al 120%, lo cual implica que en el caso de Caracas US$ 2 mil 375 millones y en el de Maracaibo US$ 1. 219 millones no se encuentran respaldados en las inversiones hechas. De acuerdo con un estudio realizado pocas semanas (Inserven, Febrero 2019) antes de producirse el colapso del SEN de marzo de 2019, los proyectos asociados la blindaje de Caracas, tenían 80% de indisponibilidad, mientras que los el Zulia se encontraban fuera del servicio en su totalidad.

Los proyectos eólicos

En abril de 2004 se firmó el Convenio Integral de Cooperación entre Argentina y Venezuela, con el cual se autorizó el gobierno de Venezuela a contratar de manera directa con empresas argentinas. En 2012, bajo este paraguas, se suscribió el contrato para el desarrollo de dos parques de generación eólica, uno en la zona de la Guajira y otro en Paraguaná, con una capacidad total de 175,6 MW. El costo para Corpoelec ascendió a 2 mil 645,50 US$  / K, un precio que, a esa fecha, más duplicaba el de un parque eólico similar en China (1.300 US$ /KW) y estaba 32% por encima del precio de instalaciones similares en países desarrollados (1.850 y 2 mil US$ / KW). En una primera etapa se instalarían doce unidades de 2,1 MW, para un  total de 25,2 MW. Solo se instalaron ocho unidades y, actualmente los equipos no funcionaban y en la gran mayoría de los casos han sido vandalizados.

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